Desde la juramentación del presidente Luis Abinader, el pasado 16 de agosto (periodo 2024-2028) hasta este domingo 8 de diciembre, el Congreso Nacional registra 112 días hábiles de trabajo como parte de la primera legislatura ordinaria.
Dentro de este periodo, los congresistas han sido los protagonistas de hechos que generan un impacto en el marco legislativo del país, como sucedió con la aprobación de una reforma constitucional.
Sin embargo, estos continúan acumulando aún una deuda significativa para la sociedad, manteniendo sin aprobar leyes que son ordenadas por la Carta Magna modificada en 2010.
El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, está consciente y lo ha calificado en ocasiones anteriores como el “pasivo legislativo” que tiene este poder del Estado dominicano.
Algunas de estas son la reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social, la actualización de la Ley 2274 del año 1884 que contiene el Código Penal, modernización del Código de Trabajo establecido en la Ley 16-92.
Además, leyes que representan un alto grado de importancia para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Tal es el caso del referéndum, que es un procedimiento jurídico y político por el que se somete al voto popular, leyes o actos administrativos para su ratificación.
Asimismo, otros que conforman la sección de mecanismos de participación ciudadana como lo es el plebiscito y referéndum aprobatorio.
A pesar del diálogo y trabajo que intentan, en algunas ocasiones, realizar los legisladores para enviar al Poder Ejecutivo estas leyes, todavía no han podido alcanzar el consenso necesario, lo que les obliga a postergar estos temas importantes.
“Acción del Congreso es inconstitucional”
Precisamente, con este 2024 han transcurrido tres años desde que el Tribunal Constitucional (TC) emplazara al Congreso Nacional a dictar las leyes reservadas en los artículos 203, 210 y 272 de la Carta Magna.
Estos artículos versan sobre el referendo, referendo aprobatorio, plebiscito e iniciativa normativa municipal, que son procesos que buscan asegurar que los ciudadanos sean escuchados ante debates importantes, como lo son temas de Estado y Gobierno.
El TC emitió la sentencia TC/0113/21 en la que consideró que, desde la reforma constitucional de 2010, ha pasado el tiempo suficiente, razonable y prudente para su aprobación.
Los jueces consideraron que esto ha privado a los ciudadanos del derecho de ser consultados en sus opiniones para que puedan ser consideradas previos a la toma de grandes decisiones nacionales, aunque reconoce las facultades que la Constitución establece al Congreso Nacional, como poder independiente y soberano.
En cuanto a esa acción directa, el TC declaró como inconstitucional por omisión legislativa absoluta en que ha incurrido el Congreso Nacional respecto de la emisión de leyes reservadas en la Constitución en los artículos anteriormente establecidos.
“71 leyes pendientes”
El secretario de asuntos jurídicos de la Fuerza del Pueblo y exdiputado de San Juan, Henry Merán, informó en abril de este año que son exactamente 71 leyes las que deben ser edificadas o requieren de una modificación. Este resultado fue producto de un levantamiento realizado por esa organización política.
El presidente emérito del TC, Milton Ray Guevara, confirmó pasado 27 de junio esta cifra durante una entrevista realizada por un medio de comunicación.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció en enero que designaría una comisión conformada por especialistas para la ejecución de una revisión de las leyes complementarias de la Carta Magna. No obstante, todavía la delegación de legisladores no ha sido instituida.
