La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, conoce este lunes la solicitud de medida de coerción contra los implicados en una supuesta red criminal integrada por agentes de la Policía Nacional, acusada de sustraer al menos 900 mil proyectiles de la institución.
La magistrada escucha la lectura de la solicitud de la medida por parte del Ministerio Público, representado por Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del órgano persecutor y Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).
En la audiencia celebrada a puertas cerradas, el Ministerio Público solicita al tribunal que declare el caso complejo seguido a los diez imputados y una empresa involucrada.
Los imputados son el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de Custodia de las Armas y Municiones; el subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
También los capitanes Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el auditor Víctor Manuel Santos, este último había alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (Escobar) y Moreibín Medina Pérez y la imputada Miguelina Bello Segura, pieza clave en la parte operativa de la organización criminal.
Camacho señaló que la investigación aún está en curso, por lo que los montos sustraídos y el número de imputados podrían variar en la medida en que se recuperen parte de los proyectiles alegadamente vendidos.
