En las cárceles dominicanas hay personas internas preventivas con más de cinco años recluidas con procesos de hasta 10 reenvíos y con dificultades de respuesta de parte de sus abogados, según informe del Defensor del Pueblo, del pasado año.
Señala que las personas más pobres y con nacionalidades distintas a la dominicana tienen mayores barreras de acceso al sistema de justicia y a contar con una defensa pública consistente y comprometida con la justicia.
Conforme al informe final del estudio cualitativo de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, el desconocimiento de los derechos en las personas internas tiene repercusiones con respecto al enfrentamiento de las situaciones de abuso y violaciones de derechos de las que continuamente son víctimas.
El estudio se desarrolló con la aplicación de 72 entrevistas a profundidad a personas internas en 10 centros penitenciarios con distintos perfiles de género e identidad de género; nacionalidad, edad y condición jurídica (preventivas y condenadas).
Aduce que los centros son espacios de continuas violaciones de derechos donde se presenta abuso sexual tanto hacia las mujeres como hacia los hombres por guardias o por otros internos y que en el caso de los hombres, maltrato verbal, psicológico y físico por parte de los agentes penitenciarios hacia la población interna, con casos graves de intervención quirúrgica producto de tales agresiones físicas infligidas por los agentes.
Considera que además de las violaciones de estos derechos existe un sistema de tortura que le llaman «castigo», consistente en «la plancha», figura existente en el sistema penitenciario del país desde la época de Trujillo.
Sostiene que en todas las entrevistas se habló del “castigo”, que se ejerce hacia la persona privada de libertad que presenta problemas en su conducta tanto en los centros penitenciarios del viejo modelo como en los del nuevo.
Agrega que la corrección de esta conducta refuerza el comportamiento violento presente en el interno, al tiempo de señalar que el castigo no favorece a la rehabilitación y cambio de conducta, sino que agudiza e incrementa los patrones que generan las conductas delictivas. “La existencia de una estructura de poder mediada por el uso de la violencia se demuestra con la existencia de una celda llamada «la plancha», en la que, por su reducido espacio, los internos castigados, tienen que dormir parados, reseña el informe.
Precisa que este sistema de castigo provoca que los centros penitenciarios, lejos de ser centros de «rehabilitación», continúen siendo lugares de ejercicio de violencia, tortura, maltrato y desigualdad.
Cuestiona que resulta contraproducente que se plantee desarrollar procesos de rehabilitación en centros donde existen castigos y violaciones de derechos además de privilegios y desigualdades, donde las personas que tengan mejor estatus económico y hayan realizado cursos tienen privilegios frente a las demás.
Con respecto al acceso a la justicia, entiende que se requiere de una revisión del desempeño de los defensores públicos que muestran prácticas de complicidad y transacciones con los abogados de la parte acusatoria en contradicción con su rol, de manera que puedan desempeñar sus funciones con más apego a la ética profesional y a la justicia.
Destaca que las personas de diferentes nacionalidades y con condiciones de vulnerabilidad deben recibir especial atención a su acceso a la justicia con personal que maneje su idioma y que le ofrezca orientaciones claras y precisas.
Recomendaciones
Señalan que las informaciones que se obtuvieron en el estudio favorecen una revisión del funcionamiento interno de los centros penitenciarios y el cumplimiento de los objetivos que establece la normativa nacional e internacional para el sistema penitenciario.
Indica que se requiere de una revisión de los resultados presentados en los cuadernos relativos a cada derecho (salud, familia, trabajo) y en este último, en lo referente a educación, justicia y conocimiento de los derechos de las personas internas.
Sostiene que esta revisión exhaustiva de los hallazgos y de las recomendaciones específicas para garantizar el acceso de las personas internas a su salud, educación, trabajo y familia debe servir para generar un cambio en la lógica de gestión de los centros penitenciarios que apunte a su democratización, la integración de la perspectiva de género con respeto a la diversidad de identidades de género y a convertir a las personas internas en sujetos de derechos con conocimiento y manejo de sus derechos, deberes y procesos de justicia.
Además, sostiene que se requiere una evaluación exhaustiva de los servicios para erradicar las prácticas de mercantilización así como la concentración de poder en grupos élites dentro de los centros penitenciarios que estrangulan económicamente al resto de las personas internas y levantan barreras de acceso a sus derechos que agudizan el deterioro de las condiciones de salud, integridad física y condiciones socioeconómicas de las personas más vulnerables, mujeres, personas LGBTIQ, con escasos recursos y extranjeras.
Precisa que los programas educativos y laborales que se ofrecen no deben continuar siendo programas dirigidos a fortalecer la competencia, la elitización, la desigualdad y el individualismo. Deben ser programas que favorezcan la cohesión social, el aprendizaje cooperativo, las expresiones artísticas y deportivas sostenidas en el trabajo en equipo y la horizontalidad.
Destaca que en la medida en que los centros penitenciarios adopten estilos de funcionamiento democrático favorecerá cambios de comportamientos que pasen de la violencia hacia el sentido colectivo.
Igualmente, propiciarán cambios en las masculinidades violentas y sostenidas en la rivalidad y cultura patriarcal hacia relaciones horizontales.
Los programas educativos y laborales deben estar sustentados en la equidad de género y no seguir reproduciendo las desigualdades desde roles segregados.
“Tanto hombres como mujeres, personas LGBTIQ deben tener oportunidades de desarrollo integral en distintas áreas según sus conocimientos y destrezas previas, sus intereses y su contexto social, de modo que su proceso de rehabilitación y reinserción social sea efectivo y tenga impacto”, enfatizó.
Considera que estos cambios deben ser evaluados y monitoreados continuamente con metodologías participativas donde las personas internas tengan voz y puedan dar cuenta de lo que les ocurre en los centros. Los monitoreos y evaluaciones deben ser realizados a través de consultorías externas en las que no existan compromisos políticos ni de relaciones primarias con el sistema penitenciario y sus organismos de gestión.
