La Fiscalía colombiana imputará cargos a más de 50 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el magnate brasileño Marcelo Odebrecht, por presuntas irregularidades en un contrato con la empresa Odebrecht para la construcción de la carretera Ruta del Sol II.
Entre los imputados está Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, como “presunto coautor de delito de interés indebido en la celebración de contratos”, indicó este jueves la Fiscalía en una rueda de prensa en Cartagena de Indias.
Según la Fiscalía, los funcionarios y exfuncionarios de la ANI “intervinieron en la suscripción de seis otrosíes (adendas) de la concesión Ruta del Sol II SAS que habría favorecido al contratista”.
Estos otrosíes habrían generado un “impacto negativo”, por el no cobro de multas, descuentos y otras irregularidades, por valor de más de 160.000 millones de pesos (unos 38,6 millones de dólares).
La entidad agregó que también imputará cargos a “22 personas más”, entre los que figuran directivos extranjeros de la constructora y contratistas que intervinieron en un “entramado de corrupción con el cual directivos de Odebrecht habrían creado una empresa criminal para entregar más de 80,000 millones de pesos (unos 19. millones de dólares) en sobornos en Colombia”.
Entre esta segunda ronda de imputaciones, que serán por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, se encuentran extranjeros como Marcelo Odebrecht, quien fue presidente del conglomerado entre 2008 y 2015; el presidente de la concesión Ruta del Sol II en 2010, Eder Paolo Ferracuti, y los brasileños Eleuberto Martorelli, Luis Antonio Bueno Junior y Luis Batista, entre otros.
LA RUTA DEL SOL II
La Fiscalía “ha develado el mecanismo criminal”, en palabras del fiscal general, Francisco Barbosa, que permitió que la multinacional, desde su sede en Brasil, creara un departamento “dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo”, según explicó en una rueda de prensa.
Este modelo se replicó en Colombia, según la Fiscalía, y los sobornos contaron “con la ayuda de altos funcionarios del Gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares”, explicó la Fiscalía.
Esta “empresa criminal paralela”, según la Fiscalía, actuó en la adjudicación del contrato de la llamada Ruta del Sol II, que une al centro del país, desde Puerto Salgar, en el departamento de Cundinamarca, con el Caribe, en San Roque (Cesar).
Así, se aseguraron “dádivas” pagadas a través de empresas “offshore” y Odebrecht consiguió en menos de ocho años apropiarse “de recursos públicos en beneficio propio, así como para el pago de sobornos por más de 80.000 millones de pesos”.
LAS DENUNCIAS DE PETRO
El anuncio de las imputaciones se realiza después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, lleve días cuestionando la trama política y de corrupción que rodea esta obra de infraestructura.
“La carretera es la Ruta del Sol, le dicen la trocha del sol hoy, y perdimos 2 billones de pesos (unos 487 millones de dólares) y cogieron millones de dólares y sobornaron políticos y políticos y políticos y no existe la Ruta del Sol II hoy”, dijo en un acto esta semana.
Además, el pasado martes Petro ordenó a la Cancillería que “utilice todos los medios de colaboración jurídica con los gobiernos de los EE.UU. y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del Grupo Aval genera al Estado Colombiano”.
El Grupo Aval, de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos de Colombia, es el accionista mayoritario de Corficolombiana, empresa vinculada con los sobornos pagados por Odebrecht para que se le adjudicara el contrato de construcción de la Ruta del Sol II.
El pasado viernes la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó al Grupo Aval “de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)”, por lo cual ese conglomerado acordó pagar 40 millones de dólares para resolver los cargos, mientras que Corficolombiana firmó un acuerdo de “enjuiciamiento diferido” por lo cual pagará 20 millones de dólares.
La Fiscalía ya ha imputado por los coletazos de Odebrecht en Colombia a ministros y otras personas, entre ellas el excandidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga y también a su hijo David Zuluaga.
De acuerdo con Barbosa, que anunció esta semana 60 nuevas imputaciones, por el caso de corrupción de Odebrecht hay cerca de 110 imputaciones que incluyen a exfuncionarios de renombre.
