El Gobierno de Chile estudia un plan para regularizar la situación de más de 180,000 inmigrantes, iniciativa que ha despertado el pleno rechazo de la oposición conservadora y de ultraderecha que acusa a los extranjeros de impulsar la inseguridad.
“¿Qué se está pensando y todavía no se ha dispuesto? Que aquellas personas que dieron el paso de empadronarse, que se acercaron al Estado y dijeron voluntariamente “estoy aquí y esta persona soy”, si tienen un trabajo en Chile, o tienen vínculos familiares en Chile, vamos a evaluar la posibilidad de regularizarlos y separar su realidad de la de otras personas que prefirieron esconderse y no se empadronaron”, dijo el jueves la ministra chilena del Interior, Carolina Tohá.
La idea, limitada a aquellos extranjeros que se empadronaron en 2023, generó gran polémica en la oposición nada más al ser anunciada, pese a que durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) se regularizó a más de 324,000 personas, a diferencia de anteriores como los de Michelle Bachelet (2014-2018), con 55.000, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), con 22.000, según detalló en una entrevista radial la vocera de la actual Administración, Camila Vallejo.
“Tal como lo advertimos hace más de un año, el famoso empadronamiento que impulsaron las actuales autoridades no era más que el inicio de un perdonazo masivo de extranjeros que ingresaron de manera irregular a nuestro país”, advirtió el diputado de la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma.
El congresista subrayó que esta idea es una “irresponsabilidad” un “perdonazo masivo”, en tanto “termina invitando a miles de extranjeros, incluso los que tienen un perfil delictivo, a seguir ingresando a Chile sin papeles, agravando de esta manera la crisis migratoria” que hace años aqueja al país.
Desde La Moneda han descartado un “efecto llamado” para inmigrantes irregulares y rechazaron la advertencia de la UDI de acudir al Tribunal Constitucional para frenar la medida.
medida de contenido desconocido
“Me llama la atención que se pretende impugnar una medida cuyo contenido desconocen (…) ¿Cuál es el fundamento jurídico para adelantar un cuestionamiento respecto de una decisión en concreto cuyo contenido desconocen? Yo entiendo que cuando un responsable en la vida, lo que hace es primero informarse de los detalles y después tomar decisiones, pero parece que hay quienes lo hacen al revés”, lanzó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.
Entre otras medidas, el Gobierno del presidente Gabriel Boric presentó un proyecto de ley para expulsar a personas condenadas por tráfico de drogas, aunque aún no hay consenso para su aprobación en el Congreso.
A fines de noviembre, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) informó que la deportación de extranjeros vinculada a la comisión de delitos suma 1.016 durante 2024.
Desde que llegó al poder, en marzo de 2022, Boric ha endurecido su discurso contra los extranjeros que cometen delitos en Chile y ha pedido la colaboración de los países de origen de la región para enfrentar este escenario.
Chile inició en febrero de 2023 un despliegue militar durante 90 días en los puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia con miras a aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes en el norte del país.
