Hace poco más de un año que, el 14 de septiembre del 2023, tras exacerbarse las relaciones con Haití por la construcción de un canal que desvía las aguas del río masacre, erradamente, pero con pingües ganancias electorales, el Presidente Luis Abinader lo convirtió en una de sus banderas de campaña política ordenando el cierre de la frontera por tierra, mar y aire, anuncio que fue acompañado de un despliegue militar sin precedentes; los resultados fueron nulos porque el maltrecho canal fue construido y con cemento dominicano.
Haití en sus relaciones con República Dominicana ha hecho de “darle larga a los temas” un arte muy provechoso; la mayoría de los dominicanos desconoce que en el tema de la línea fronteriza, luego de 85 mareándonos, para la firma del tratado en febrero del 1929 hubimos de ceder 6,200 Km2, el 8% de nuestro territorio, incluidas Juana Méndez e Hincha, entre otras comunidades; hasta Trujillo en 1936 tuvo que añadir más sacrificio territorial y esa fue una de las causas de la matanza de haitianos, denomina el Corte, indefendible de octubre del 1937.
La historia nos enseña que a Haití, siempre en desventaja, a veces totalmente desproporcional, le ganamos en el campo de batalla y, en las últimas décadas, en el desarrollo institucional y económico, pero en el campo diplomático, ni siquiera en una escaramuza le hemos vencido; es obvio que en este último affaire del pasado año, con reacciones innecesarias y excesivas, tampoco.
Con un Estado fallido y convulso, que padece un odio histórico ancestral cultivado por una doctrina racista y de unión política forzada de la isla, las reacciones deben ser firmes pero prudentes para no convertir su nacionalismo en bandera de las masas y de las bandas, a las que hemos visto que el mismo Estado dominicano, de alguna manera, ha provisto de armas y municiones lo que, eventualmente para algunos, podría descalificarnos en el mundo para referirnos al peor problema de esa nación que hoy está representado por la violencia de esos grupos.
La ingobernabilidad en un Estado en que sus autoridades perdieron el monopolio de la fuerza y, en que la comunidad internacional – tras décadas de intervención – no ha logrado recuperarlo coloca nuestra seguridad nacional en estado permanente de un peligro que se agrava por la presencia de unos dos millones de ciudadanos haitianos en territorio nacional sin ningún tipo de control, gran parte de los cuales ingresaron en los años 2021, 2022 y 2023 según los reportes de venta de visados.
Las medidas dispuestas por el Gobierno dominicano afectaron, innecesariamente, en forma sensible, al comercio y a la producción nacional; en algunos rubros, para siempre porque el país fue sustituido como fuente de abastecimiento, un deseo de las élites haitianas desde hace décadas porque el comercio fronterizo era el único del que no tenían control. Se reporta una caída en las exportaciones dominicanas a ese país del 17% en el año 2023 con respecto al 2022 en que alcanzaron USD$ 1,039 millones y, este año el monto proyectado, de nuevo, anduviera por los estará los USD$ 800: El fracaso es mayor de lo que indican las cifras puesto que además de afectar la producción nacional, daña lo más difícil de crear, que es la relación de comercio.
Era más sencillo y efectivo que todas las medidas dictadas por el Gobierno la prohibición de remesas a través de la banca que en el 2023 ascendían a unos USD$ 900 millones y, desde luego, sin costo para el país.
El Gobierno anunció otras medidas, la más popular de todas fue la repatriación de los nacionales que residen en forma ilegal, personas que, en ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional, ya habían sido beneficiadas con una ley que les amnistió y concedió facilidades para su regularización; en este aspecto, un año después, no parece que haya muchos éxitos que exhibir con apenas 172,371 repatriados en el 2024, muchos de los cuales regresan días después.
La presencia masiva de ilegales afecta sensiblemente los servicios públicos que el Estado debe a los dominicanos porque la República asume una obligación con las personas cuya presencia autoriza o tolera en su territorio en materia de salud y de educación, para solo citar dos sectores, pues si bien no tiene obligación de permitir a un ilegal y a sus hijos en su territorio, si consciente su presencia no puede negarle una silla en el aula de clases, ni una cama a la parturienta – pues son derechos fundamentales de la persona – y, es por eso que el 7% de los estudiantes en las escuelas públicas son haitianos y el 37% de los partos en los hospitales, también. Esos porcentajes han crecido en los últimos tres años en forma escandalosa y, no se han reducido en el último año con las políticas públicas anunciadas.
En la Era de la posverdad que vivimos, en que la características son la espectacularidad e inmediatez de las informaciones en la red que acaparan la atención pública por 24 o 72 horas y, no la verdad o el análisis sesudo de las cosas, ese, con poca discusión es el resultado del cuento sobre Haití que vivimos desde hace poco más de un año y, desde luego, su resultado no es bueno para nosotros por mas anuncios que coloquen.
