Los implicados por el Ministerio Público (MP) en Operación Pandora están acusados de ser una red criminal vinculados a la sustracción de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, las cuales eran utilizadas para comercio ilícito.
El órgano acusador indica en el expediente de solicitud de medida de coerción una serie de características bajo las cuales las 10 personas físicas y la persona jurídica implicadas realizaban sus operaciones.
El MP indica que los implicados crearon una organización criminal integrada por oficiales superiores y alistados quienes en asociación con civiles, utilizaron sus funciones para sustraer, traficar y comercializar municiones de distintos calibres, incluyendo para fusiles, así como pertrechos policiales adquiridos por el Estado para la seguridad y el orden público, que se encontraban bajo custodia policial.
Estos también sustrajeron de manera masiva, organizada y sistemática municiones, pertrechos, equipos y municiones en general del departamento II de Intendencia de Armas de la Policía, violando el mandato institucional de custodiar, controlar y conservar, propiedades del Estado que señala el Ministerio Público son de “extrema importancia para la seguridad del país”.
Los oficiales violaron los reglamentos y protocolos para tener acceso privilegiado utilizando acceso exclusivo y directo a los almacenes de municiones para ejecutar de manera ilícita la sustracción de municiones y pertrechos policiales, sin generar sospechas en otros departamentos de la Policía.
Otra de las características en la que incurrió el grupo fue en la comercialización “dolosa” de municiones, tanto a policías como a civiles, aun con el conocimiento de la ilicitud de los actos.
El MP los acusa de alteración de armas de fogueo, a las que le cambiaban el cañón para poder disparar municiones de armas de fuego normales y luego las vendían a civiles.
Conforme al órgano acusador, desarrollaron un mercado propio del crimen organizado, conformado por miembros de la Policía Nacional y civiles con antecedentes delictivos, quienes adquirían las municiones sustraídas con conocimiento de su origen ilícito, con el fin de revenderlas a precios más altos a policías, militares, civiles y armerías.
De igual forma, se valieron de testaferros para cometer los ilícitos, a través de los cuales recibían y transferían el dinero proveniente de la comercialización de las municiones y accesorios propiedad del Estado.
Los policías incurrieron en la implementación de maniobras fraudulentas para evitar que las autoridades detectaran las sustracciones de accesorios, manipulando los registros y controles de los almacenes del departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía.
Otros de los delitos para llevar a cabo sus actividades consistieron en la destrucción de evidencias que los comprometían de su responsabilidad penal y trataron de inculpar a los miembros de menor jerarquía dentro de la supuesta organización, amenazando e intimidando quienes tenían conocimientos de los delitos.
Otra de las características fue el lavado de activos, convirtiendo, facilitando, transfiriendo, transportando y ocultando bienes y ganancias provenientes directa o indirectamente de las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios con el propósito de ocultar su real origen.
Acusados
Por el caso el Ministerio Público acusa al coronel Narciso Antonio Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, como el cabecilla de la red.
Asimismo al subintendente Juan Miguel Pérez Soler; el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura.
También está implicada en la investigación la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L.
La investigación que condujo a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, mientras que los implicados fueron apresados durante el fin de semana pasado y para quienes el órgano acusador a través de la Procuraduria Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitarán prisión preventiva y declaración del caso como complejo.
